La corrupción dentro de la administración pública es un fenómeno persistente en la mayoría de los países de América Latina. Problemática estructural que responde a múltiples causas y que se manifiesta en distintos niveles y ámbitos del quehacer gubernamental, lo que dificulta significativamente su erradicación o, al menos, su control efectivo. Su complejidad radica tanto en factores institucionales como culturales, económicos y políticos, los cuales interactúan entre sí y refuerzan prácticas indebidas a lo largo del tiempo. En este contexto, el papel del servidor público resulta central, los funcionarios tienen la responsabilidad de salvaguardar el interés general y administrar los recursos públicos con apego a la legalidad. Sin embargo, también pueden convertirse en actores clave para la reproducción de conductas corruptas, ya sea por incentivos inadecuados, debilidad en los mecanismos de control o ausencia de consecuencias efectivas. Ante esta dualidad, resulta indispensable examinar la función del servidor público desde una perspectiva integral. Ello implica analizar los procesos de selección y reclutamiento de funcionarios, la solidez de los sistemas profesionales de carrera, así como la aplicación real de los principios que rigen la administración pública.