En un contexto en el que se diluye el principio de división de poderes y se cuestiona el Estado democrático, el texto analiza la necesidad de garantizar en México recursos jurídicos adecuados, efectivos y expeditos para la protección integral de los derechos humanos y la investigación, sanción y erradicación de sus violaciones. A partir de la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que introdujo la elección popular de las personas juzgadoras, se subraya la importancia de la independencia judicial frente a influencias políticas, económicas o criminales, así como de la imparcialidad del Tribunal de Disciplina Judicial. En este marco, se destaca la urgencia de priorizar el ejercicio del control de convencionalidad en sede interna y la adopción de garantías de no repetición para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado mexicano. Asimismo, se examinan los obstáculos que enfrentan las personas en situación de pobreza para acceder a la justicia y se retoman criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar cómo el debilitamiento de la independencia judicial afecta la legitimidad institucional y la confianza en el Estado democrático de derecho.