En el ámbito democrático disfuncional que se registra en el Perú, una de las condiciones más significativas evidenciadas en los últimos procesos electorales es que diversos candidatos y personas finalmente elegidas para ocupar cargos públicos en el Gobierno Nacional, Regional o Municipal registran antecedentes o sentencias judiciales que configuran un perfil contrario a los estándares de idoneidad, probidad y diligencia que exige la gestión pública. Esta situación revela una preocupante desconexión entre los requisitos éticos que demanda el ejercicio de la función pública y las decisiones adoptadas por el electorado. El discurso político que desarrollan estos candidatos permite advertir el elevado nivel de aceptación que mantienen los mensajes de carácter populista dentro de un importante sector de la población, aun cuando existan antecedentes que cuestionan su aptitud para ejercer el cargo. Como consecuencia, se consolida la elección de autoridades que, en muchos casos, no ejecutarán una gestión pública acorde con las expectativas, necesidades e intereses de la comunidad.