El presente artículo consistió en identificar los criterios de evaluación que posibilitaron poner de manifiesto de manera clara una vulneración al ejercicio del derecho de defensa, con la finalidad de otorgar a los operadores de justicia la facultad de admitir de forma extemporánea el escrito de absolución del requerimiento acusatorio y lo establecido en el artículo 350 inciso 1 del CPP. Establecer criterios claros para el derecho a la defensa fue considerado esencial para asegurar un juicio justo. Este derecho buscó proteger al imputado de la potestad punitiva del Estado mediante la defensa material y técnica, siendo esta última ejercida por un abogado defensor. El enfoque es cualitativo con un diseño de la investigación transversal, descriptivo-explicativa, dogmática-propositiva con el carácter proyectivo. Los resultados obtenidos manifestaron la necesidad de nuestra propuesta de investigación para aprobar un proyecto de ley que fue proponer medidas concretas destinadas a mejorar la actuación del abogado particular en la etapa intermedia y, por ende, la calidad de la defensa. Finalmente, con la investigación se concluyó que fue esencial garantizar derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Para enfrentar adecuadamente las acusaciones, el acusado debió estar informado de los cargos y contar con la asistencia de un experto legal que lo representara y asesorara.
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