La presente investigación se propone abordar la problemática surgida debido a la inclusión de los delitos de lesa humanidad en el ámbito del derecho internacional, confrontando así el derecho interno. Este escenario ha ocasionado tensiones con el principio de legalidad, reconocido como un derecho fundamental y un principio rector cuya finalidad principal es restringir la capacidad del Estado para imponer sanciones dentro del sistema penal peruano interno. La máxima jurídica que establece la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario constituye el fundamento de este principio, donde la clasificación de un acto como delito es esencial para su consideración como tal. Otro aspecto crucial de este principio es la preservación de la legalidad, evidente en la falta de tipicidad de las acciones emprendidas en la persecución. La prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, conocida como lex praevia, representa una garantía adicional para evitar que una persona sea sancionada por acciones realizadas antes de que la norma se incorporara al sistema legal. La certeza en las obligaciones tributarias, también identificada como lex certa, constituye otro componente fundamental de este principio, asegurando que el derecho penal defina de manera suficiente los actos prohibidos para que el ciudadano promedio pueda comprender claramente lo que está prohibido por ley.
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