Este artículo examina la práctica del Ministerio Público por la cual una persona contra la que se dirige una imputación material, de manera injustificada, no es comprendida formalmente en la investigación en la creencia de evitar que pudiera obstruir los fines de la misma; mientras se llevan a cabo diligencias encaminadas a recabar elementos de convicción que buscarían determinar su responsabilidad. El objetivo es cuestionar la legitimidad de esta práctica y analizar posibles soluciones, evaluando su compatibilidad con los derechos constitucionales del imputado, especialmente su derecho a la defensa. Se realiza un análisis exhaustivo de la regulación procesal penal, la jurisprudencia y la doctrina relacionada con esta práctica. Se concluye que el "imputado en la sombra" no es una estrategia de investigación legítima, sino una práctica que vulnera los derechos del imputado, destacando la importancia de la tutela de derechos como medio para detener esta vulneración y asegurar una mayor protección de los derechos del imputado en el proceso penal.
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